Somos un organismo público local, autoridad en materia electoral, responsable de la función estatal de organizar las elecciones locales y los procesos de participación ciudadana conforme a la ley de la materia. A dicho instituto corresponde garantizar el ejercicio del derecho de votar y ser votado en las elecciones y demás instrumentos de participación ciudadana y de promover la participación política de la ciudadanía a través del sufragio universal, libre, secreto y directo.

Con el propósito de difundir los derechos políticos y electorales y de promover la participación política de las Mujeres Guerrenses. El Instituto Electoral a través de la Comisión de Igualdad de Género, Inclusión y No Discriminación ha creado este espacio donde podrás encontrar todo lo relacionado con temas sobre igualdad y no discriminación dentro de los procesos electorales, así como todas las actividades, materiales, publicaciones, acuerdos, convocatorias y cursos en la materia, con la finalidad de que las mujeres identifiquen que sus derechos políticos y electorales son garantizados, hemos creado el presente sitio como instrumento para llevar a cabo diversas acciones con el propósito de difundir los derechos políticos y electorales y de promover la participación política de las mujeres guerrerense.

A lo largo de la historia, las mujeres han emprendido una lucha constante por el reconocimiento de sus derechos humanos, entre los que destacan, los derechos políticos y electorales, en México fue hasta 1953 cuando se les reconoció jurídicamente el derecho al voto, lo que significó un parteaguas para impulsar grandes reformas constitucionales, hasta llegar a la más reciente en 2014. Con ella se garantizó la paridad de género en los procesos de competencia electoral por los cargos de representación proporcional a elegirse. Esto significa que los partidos políticos deben presentar listas de candidatas y candidatos con la proporción de 50 por ciento mujeres y 50 por ciento hombres; bajo la premisa de que titular y suplente sean del mismo sexo.

La perspectiva de género ha permeado en el criterio del legislador, gracias a que, entre otros factores, los acuerdos internacionales han exigido a los Estados miembros que se garantice la igualdad y se lleven a cabo las medidas necesarias para la erradicación de la discriminación en todos los planos que vulneren a los distintos grupos.